En un auto en el que el Alto Tribunal se ampara en este rechazo para dar por extinguido el conflicto de competencias planteado por el Gobierno navarro respecto al plan soberanista del Ejecutivo de Vitoria, los magistrados sostienen que, independientemente de la decisión de las Cortes, lo que decidan las instituciones vascas en ningún caso puede "imponerse" a la Comunidad Foral.

Los miembros del pleno del Constitucional llegan a esta conclusión en una resolución en la que argumentan que, derrotada en sede parlamentaria la iniciativa impulsada por Juan José Ibarretxe, no cabe pronunciarse sobre la falta de competencia del País Vasco para hacer una propuesta de estas características, algo que pedía aclarar el Gobierno navarro.

Esta negativa del tribunal a analizar el fondo del asunto no es compartida por dos magistrados (Ramón Rodríguez Arribas y Roberto García-Calvo y Montiel), que suscriben un voto particular en el que defienden que el Constitucional debería haber analizado la cuestión y admitido a trámite el conflicto de competencias navarro.

A este respecto, García-Calvo y Montiel critican que, si se reconoció el derecho del País Vasco a tramitar una iniciativa legislativa como el "plan Ibarretxe", se niegue el derecho de Navarra a conocer si se había producido una "perturbación competencial", lo que deja a esta comunidad "constitucionalmente a la intemperie".