En su recurso, el PP defendía que la modificación del Estatuto catalán implica una reforma de la Carta Magna de 1978 y, por lo tanto, debía tramitarse como una reforma constitucional, de manera que fuesen necesarios dos tercios del Congreso para su aprobación.

Contra la admisión a trámite del recurso del PP votaron la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, así como los magistrados Vicente Conde, Elisa Pérez, Eugeni Gay, Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps.

A favor se pronunciaron el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y los magistrados Javier Delgado Barrio, Roberto García Calvo, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas.

Los populares alegaron también en su recurso que, al no tramitarse como una reforma constitucional, se vulneraba el derecho de los parlamentarios a participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos, establecido en el artículo 23.2 de la Constitución.