Los magistrados del Pleno del Alto Tribunal hicieron estas manifestaciones en el auto hecho público hoy en el que argumentan su decisión de apartar del órgano a Rodríguez-Zapata y García Calvo para el estudio y deliberación del recurso de los populares a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, tal y como había solicitado el Gobierno.

El Ejecutivo socialista recusó a estos dos magistrados al entender que ambos perdieron la exigible imparcialidad para pronunciarse sobre el recurso del PP contra la reforma de la LOTC, que prorrogó el mandato de la presidenta del TC, María Emilia Casas, y de su vicepresidente, Guillermo Jiménez, al haber enviado una carta a Casas expresando su rechazo a la reforma sobre la que iban a tener que deliberar, prejuzgando así el caso.

Los magistrados presentes en el pleno consideran que las expresiones manifestadas por Rodríguez-Zapata y García Calvo en la carta revisten "el tenor, la contundencia y la radicalidad necesarias para fundamentar una sospecha justificada de pérdida de imparcialidad objetiva".

"Lo expuesto revela", continúa el auto, que los magistrados recusados expresaron en su carta a Casas "una toma de postura sobre el fondo del asunto"

Para el Tribunal Constitucional, se trata pues de "una manifestación de una opinión contundente sobre un punto de la reforma legal a enjuiciar por el Tribunal Constitucional, manifestada por escrito y dirigida por cauce formal a la Presidenta del Tribunal".

Esto evidencia "que se está emitiendo por parte de los magistrados recusados un juicio de opinión meditado, revelador de una firme toma de postura".

"FILTRACIÓN INTERESADA A LOS MEDIOS"

El pleno del Tribunal Constitucional señala que, además, que en la fecha en que los magistrados recusados enviaron su carta a Casas "no desconocían" que el PP iba a presentar un recurso contra la reforma de la LOTC "a tenor de las manifestaciones (de las que se hicieron eco ampliamente los medios de comunicación) efectuadas por miembros de dicho partido, y que alcanzaron una general y notoria publicidad".

Rodríguez Zapata y García Calvo negaron haber incurrido una perdida de imparcialidad. Adujeron que la carta remitida a Casas contenía "opiniones internas y por ello reservadas", realizadas en el ejercicio de sus funciones y que "no pueden dar lugar a su recusación como consecuencia de una filtración interesada a los medios de comunicación".

Pero los demás magistrados del Alto Tribunal rechazaron este argumento, al entender que la carta dirigida a la presidenta supone "la emisión de una opinión a través de un cauce formal", lo que revela "el propósito de dar un contenido oficial a la discrepancia expresada en el escrito".

Para el Tribunal Constitucional, en la citada carta, los magistrados recusados "han comprometido su opinión sobre el objeto del presente proceso constitucional, acreditando así la existencia de una sospecha fundada de tener un interés directo en su estimación"

Por último, el auto hecho público hoy señala que con esta cuestión "lo que está en juego es la confianza que los Tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática".

Con la decisión de apartar a Rodríguez-Zapata y García Calvo, el pleno que deberá estudiar el recurso del PP contra la reforma de la LOTC estará formado por cinco magistrados del "sector progresista" y tres del "sector conservador", ya que, además, tanto Casas como Jiménez decidieron abstenerse al estar directamente afectado por el asunto a deliberar.

RECUSACIÓN DEL PP A TRES MAGISTRADOS

El pasado 27 de noviembre, el Tribunal Constitucional decidió desestimar las recusaciones planteadas por el PP contra tres magistrados del tribunal, concretamente contra los jueces del "sector progresista" Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps.

En aquella ocasión, el PP, basándose en una información del diario "El Mundo", argumentó que Aragón, Sala y Pérez Tremps perdieron la exigible imparcialidad al pronunciarse sobre el recurso presentado por los populares en un pleno del Alto Tribunal celebrado el 12 de junio de 2007, prejuzgando así el caso.

El Alto Tribunal rechazó las recusaciones al entender que no existía base para pensar que estos jueces estaban "contaminados" para decidir sobre la reforma de la LOTC.

En el auto difundido hoy, los magistrados señalan que en aquella ocasión inadmitieron la recusación, "no porque el escrito de recusación se fundase exclusivamente en una información periodística", sino porque dicha noticia "resultó rotundamente desmentida, ya que quedó plenamente acreditado que no se correspondía con la realidad".

El telón de fondo de todos estos movimientos es la relación de fuerzas entre magistrados progresistas y conservadores en el Tribunal Constitucional, un órgano que deberá decidir sobre leyes emblemáticas de esta legislatura, como son el Estatuto de Cataluña o la ley del matrimonio homosexual.