Los magistrados del pleno iniciaron el pasado miércoles estas deliberaciones, pero, tras varias horas de reunión, acordaron continuarlas el viernes, aunque finalmente aplazaron la citada reunión hasta ayer y, tras unas siete horas de reunión, decidieron continuar hoy.

Los populares decidieron recurrir la reforma de la LOTC, aprobada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2007, debido a que con ella se prorrogó el mandato de la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas, y de su vicepresidente, Guillermo Jiménez, quienes deberían haber abandonado la institución en junio pasado.

Tras las abstenciones voluntarias de Casas y Jiménez y la aprobación de las recusaciones planteadas por el Gobierno contra dos magistrados del llamado "sector conservador", el pleno que aborda esta cuestión está compuesto por ocho magistrados, el mínimo imprescindible por ley para que el Tribunal Constitucional pueda adoptar decisiones.

El pasado 12 de marzo, el Tribunal Constitucional aprobó las recusaciones de los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García Calvo, planteadas por el Gobierno en octubre pasado.

Todo lo contrario sucedió con las recusaciones presentadas por los populares contra los jueces del denominado "sector progresista" Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps. El pasado 27 de noviembre, el Tribunal Constitucional decidió desestimar estas recusaciones por entender que no estaban fundamentadas.

El telón de fondo de todos estos movimientos es la relación de fuerzas entre magistrados progresistas y conservadores en el Tribunal Constitucional, un órgano que deberá decidir sobre leyes emblemáticas de la pasada legislatura, como son el Estatuto de Cataluña o la ley del matrimonio homosexual.