La ilegalización de ANV, que hoy fue confirmada por el Tribunal Constitucional, fue dictada por la Sala del 61 del Tribunal Supremo -la Sala Especial recogida en la Ley de Partidos- el pasado 22 de septiembre.

El Alto Tribunal también ordenó el cese inmediato de toda la actividad de ANV, el embargo de todos sus bienes y la apertura de un proceso de liquidación patrimonial.

El Supremo todavía no ha decidido si, tal y como pidieronla Fiscalía y la Abogacía del Estado, ordena la disolución de los grupos municipales que la formación tiene en 125 ayuntamientos del País Vasco y Navarra.

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