En este fallo, el tribunal acordó desestimar el recurso de amparo interpuesto por una mujer de Canarias que después de haber obtenido en unas oposiciones del Gobierno autonómico una plaza de administradora general, tuvo que cedérsela a oro aspirante con menos puntuación pero con una minusvalía física (sordera), que invocó la existencia de la reserva de plazas para minusválidos.

En su recurso, la demandante aseguraba que con esa decisión la Administración canaria vulneró varios artículos de la Constitución relativos a la igualdad, ya que a su juicio la diferencia de trato se basaba en una condición de la persona (su discapacidad) que ponía en peor situación a aquéllas otras que, aun habiendo obtenido puntuaciones superiores, no estaba afectadas por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales.

El tribunal considera evidente que la minusvalía física puede constituir una causa real de discriminación y asegura que, como esto tiene sensibles repercusiones para el empleo de los colectivos afectados, tanto el legislador como la normativa internacional han legitimado la adopción de medidas promocionales de la igualdad de oportunidades de las personas afectadas por diversas formas de discapacidad.

Por ello, indica que "no resulta dmisible un argumento que tiende a ignorar la dimensión social del problema y de sus remedios, tachando a éstos de ilegítimos por su impacto desfavorable sobre sujetos individualizados en los que no concurren los factores de discriminación cuyas consecuencias se ha tratado de evitar".

El Tribunal Constitucional concluye asegurando que no se ha producido una valoración como mérito de una condición del sujeto, sino que se ha intentado promocionar legítimamente la inserción profesional de sujetos con difcultades de acceso al empleo, "lo que hace posible la igualdad".