En una sentencia conocida este lunes, la Sala Primera dictamina, por unanimidad y a partir de una ponencia de la magistrada Concepción Espejel, que no se lesionaron los "derechos políticos" de Torra y por eso se rechaza su recurso de amparo.

La sentencia establece que la JEC era el órgano competente para tomar esta decisión, al ser "la máxima autoridad competente para la interpretación y aplicación de la normativa electoral" y constituir una "administración de garantía" del proceso electoral.

El tribunal destaca que en el procedimiento ante la autoridad electoral y su posterior impugnación ante el Supremo "se respetaron todas las garantías procesales del recurrente, sin que haya sufrido indefensión o menoscabo de sus posibilidades de defensa".

GARANTIZAR LA EJEMPLARIDAD

El Constitucional subraya que la medida busca "un mejor funcionamiento de las instituciones representativas" y "garantizar la ejemplaridad social de los representantes de los ciudadanos que han de ser merecedores de la confianza".

La resolución rechaza que se vulnerara la presunción de inocencia, ya que la aplicación del artículo 6.2.b de la Ley Electoral "no tiene contenido penal, sino que es la mera aplicación de una causa de inelegibilidad como consecuencia de una condena penal".

Los magistrados descartan también que se violara el principio de legalidad penal o el derecho a la doble instancia, reiterando que se trata simplemente de "la mera aplicación de una consecuencia jurídica por una condena previa del recurrente".

Torra había cuestionado en su recurso la competencia de la JEC para declararlo inelegible y consideraba que esta decisión vulneraba sus derechos constitucionales, al no ser firme la condena por desobediencia.