CCOO denunció ante la Audiencia Nacional la decisión del Gobierno del PP de no subir los sueldos de los funcionarios en 1997 y la Audiencia Nacional dio la razón al sindicato. Luego el Tribunal Supremo respaldó al Gobierno y ahora el Constitucional ratifica esta última sentencia.

Según CCOO, el Alto Tribunal apela a las circunstancias concurrentes en 1996 y 1997 para comprender la actuación del Gobierno de José María Aznar y avala la decisión de no subir los sueldos a pesar de que en 1994 el Gobierno socialista se había comprometido a ello.

Así, la actuación del Gobierno no fue arbitraria o manifiestamente irracional, dice el fallo, sino que obedeció a determinadas circunstancias sobrevenidas, surgidas con posterioridad a la firma del acuerdo de 1994, entre socialistas y sindicatos, que afectaban frontalmente a los intereses generales del Estado y que reclamaban una actuación firme en la contención del gasto público para reducir el déficit global.

El Constitucional esgrime, además, que la aprobación del Plan de Convergencia de la Unión Económica y Monetaria, en el que se asumieron una serie de compromisos de estabilidad presupuestaria, traducidos operativamente en medidas de contención del gasto público, justifican la aplicación de una medida tan drástica como la de no autorizar incremento retributivo alguno.

Para el Tribunal, los criterios del Gobierno del PP, defendidos por el entonces ministro de Administraciones Públicas y hoy presidente de los populares, Mariano Rajoy, estaban orientados al interés general. Además, la decisión del Gobierno, plasmada en los Presupuestos Generales del Estado, fue avalada por las Cortes Generales.

Finalmente, sobre una posible irrupción del Gobierno en decisiones que dependen de la negociación colectiva, el Constitucional reitera que la decisión del Gobierno es "perfectamente compatible" con la actuación de los agentes sociales.

ESTRASBURGO

Nada más conocerse la sentencia, tres años después de ser recurrida, según CCOO, el sindicato anunció su intención de presentar un nuevo recurso ante el Tribunal de Estrasburgo.

El sindicato esgrimirá en su recurso ante el Tribunal de Estrasburgo la tardanza de tres años del Tribunal Constitucional en emitir su auto, lo que viola el derecho a que una causa sea resuelta en un tiempo razonable y objetará que el proceso no ha sido público, y que se ha negado a la parte demandante el derecho a una defensa en este mismo Tribunal Constitucional.