De esta forma, el pleno que deberá estudiar el recurso del PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que prorrogó el mandato de la presidenta del TC, María Emilia Casas, y de su vicepresidente, Guillermo Jiménez, estará formado por cinco magistrados del 'sector progresista' y tres del 'sector conservador'.

Este pleno estará formado por un total de ocho magistrados, el mínimo imprescindible por ley para que el Tribunal Constitucional pueda adoptar decisiones.

El Ejecutivo socialista recusó a Rodríguez-Zapata y García Calvo al entender que ambos perdieron la exigible imparcialidad para pronunciarse sobre la LOTC al haber enviado una carta a Casas expresando su rechazo a la reforma de esta ley, prejuzgando así el caso.

El pleno celebrado hoy también estuvo compuesto por ocho vocales, ya que en él no estuvieron presentes ni García-Calvo ni Rodríguez-Zapata. Además, tampoco estuvieron ni Jiménez ni Casas, ya que ambos decidieron abstenerse.

La decisión contó con el voto particular de los magistrados Javier Delgado Barrio y Ramón Rodríguez Arribas. El texto íntegro del auto y la argumentación de la decisión adoptada hoy se conocerá en los próximos días.

El telón de fondo de todos estos movimientos es la relación de fuerzas entre magistrados progresistas y conservadores en el Tribunal Constitucional, un órgano que deberá decidir sobre leyes emblemáticas de la pasada legislatura, como son el Estatuto de Cataluña o la ley del matrimonio homosexual.

El pasado 27 de noviembre, el Tribunal Constitucional decidió desestimar las recusaciones planteadas por el PP contra tres magistrados del tribunal, concretamente contra los jueces del 'sector progresista' Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps.