Concretamente, el Constitucional anula la providencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE), que el 9 de marzo de 1993 admitió a trámite la citada demanda. Al quedar anulada la providencia, también se anulan odas las resoluciones y actos posteriores consecuencia de la misma.

Francisco Chaves mantenía ya en 1993 un largo contencioso con la Junta de Extremadura a consecuencia de la construcción de un campo de golf en Badajoz, para el que, tras obtener los permisos municipales, no recibía ni subvenciones ni autorización del Gobierno autónomo.

En su intento por conseguir el permiso de la Junta, el empresario irrumpió en un pleno de la Asamblea regional, momento en el que, según Chaves, se sintió injuriad por Rodríguez Ibarra, por lo que le demandó ante los tribunales.

El TSJE admitió a trámite la demanda de Chaves, ante lo cual Rodríguez Ibarra presentó recursos, hasta llegar al Tribunal Constitucional. El presidente extremeño entendía que un tribunal superior de justicia autonómico no puede entrar a juzgar a un diputado parlamentario por la opinión emitida en la Cámara.

El Tribunal Constitucional, en un fallo emitido el pasado 24 de febrero, ha dado la razón a Rodríguez Ibarra, estimando que "l inviolabilidad de los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones supone un límite constitucional al ejercicio de la potestad jurisdiccional".