Serrano Aguilar fue condenado por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación a las penas de seis años, seis meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 17 años y un día por el caso de los ERE.

El Tribunal Constitucional declara ahora que se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal y su presunción de inocencia, por lo que acuerda la nulidad de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 19 de noviembre de 2019 y la de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2022.

La decisión del TC cuenta con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla y César Tolosa Tribiño y de la magistrada Concepción Espejel Jorquera. Hay también un voto concurrente de la magistrada María Luisa Segoviano.