El Supremo condenó a tres años y cuatro meses de prisión a ambos empresarios al considerar que mintieron y estafaron a sus socios durante la venta de la parcela donde se ubican las emblemáticas torres.

Ahora, el Tribunal Constitucional ha revocado esta condena porque mantiene, desde hace años, una doctrina contraria al Supremo en lo que respecta a la prescripción de delitos.

El Supremo mantiene que el plazo de prescripción de un delito debe comenzar en el monento en el que se presenta la denuncia, mientras que el Constitucional considera que se debe iniciar en el momento en que se pone en marcha la primera acción judical (en este caso, su admisión a trámite).

La decisión del Supremo ya había sustituido una sentencia previa de la Audiencia Provincial de Madrid que también absolvía a "los albertos" argumentando que el delito había prescrito.