Este medio billón de pesetas viene de los atrasos que el Ejecutivo tendría que pagar a los 2,2 millones de empleados públicos que no incrementaron su salarios aquel año.

CCOO denunció ante la Audiencia Nacional la decisión del Gobierno del PP de no subir los sueldos de los funcionarios en 1997 y la Audiencia Nacional dio la razón al sindicato. Luego el Tribunal Supremo respaldó al Gobierno y ahora el Constitucional ratifica esta última sentencia.

El Alto Tribunal apela a las circunstancias concurrentes en 1996 y 1997 para comprender la actuación del Gobierno de José María Aznar y avala la decisión de no subir los sueldos a pesar de que en 1994 el Gobierno socialista se había comprometido a ello.

Nada más conocerse la sentencia, tres años después de ser recurrida, el sindicato anunció su intención de presentar un nuevo recurso ante el Tribunal de Estrasburgo.