El Ejecutivo recusó a estos dos magistrados al entender que ambos perdieron la exigible imparcialidad para pronunciarse sobre el recurso del PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que prorrogó el mandato de la presidenta del TC, María Emilia Casas, y de su vicepresidente, Guillermo Jiménez.

El Gobierno basó sus recusaciones en una carta que ambos magistrados enviaron a Casas expresando su rechazo a la reforma de la LOTC sobre la que iban a tener que deliberar, prejuzgando así el caso.

Además, los magistrados reunidos en pleno acordaron hoy suspender el procedimiento seguido por el citado recurso del PP contra la LOTC hasta que se resuelvan las recusaciones, según informa el TC en un comunicado.

La decisión de suspender dicho procedimiento se debe a que precisamente las recusaciones contra Rodríguez-Zapata y García-Calvo fueron planteadas por el Gobierno ante la presunta falta de imparcialidad para decidir sobre el recurso del PP.

PLENO DE OCHO MAGISTRADOS

Estas decisiones contaron con el voto particular de los magistrados Eugeni Gay Montalvo y Ramón Rodríguez Arribas, quienes mostraron a través de ellas su disconformidad con el hecho de que se excluyerá del pleno a los dos magistrados recusados.

El pleno convocado hoy estuvo compuesto por ocho vocales, ya que en él no estuvieron presentes ni García-Calvo ni Rodríguez-Zapata. Además, tampoco estuvieron en él ni Jiménez ni Casas, ya que ambos decidieron abstenerse.

Esta circunstancia contrasta con la composición del Pleno que el pasado martes decidió desestimar las recusaciones planteadas por el PP contra tres magistrados del tribunal, en el que también estuvieron presentes los jueces que los populares habían solicitado que fueran apartados.

Este extremo fue decidido por Vicente Conde, el magistrado que ostenta la presidencia del Tribunal tras las abstenciones de Casas y Jiménez, para impedir el bloqueo del TC, ya que son necesarios un mínimo de ocho magistrados para la toma de decisiones.

El PP recusó a tres magistrados, concretamente a los jueces del sector progresista Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps, por lo que, con las abstenciones de Jiménez y de Casas, hubiera sido imposible tomar ninguna decisión, puesto que el pleno hubiese estado compuesto por sólo siete magistrados. En el caso de las recusaciones del PSOE, esta circunstancia no se daba, ya que sólo afectaba a dos magistrados.

El telón de fondo de todos estos movimientos es la relación de fuerzas entre magistrados progresistas y conservadores en el Tribunal Constitucional, un órgano que deberá decidir sobre leyes emblemáticas de esta legislatura, como son el Estatuto de Cataluña o la ley del matrimonio homosexual.