La Mesa de la Cámara Baja apeló al artículo 113.1 de Ley Genral Tributaria, que impide ceder o comunicar a terceros "los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones".

En declaraciones a Servimedia, Joan Saura recordó que su petición de información en la Mesa del Congreso fue bloqueada con los votos del PP y CiU, mientras que le apoyaron el PSOE e Izquierda Unida.

Saura explicó a esta agencia que solicitó información sobre esos expedientes de resultas de su participación en la comisión de invesigación parlamentaria abierta en el Congreso como consecuencia de la denuncia del Partido Popular de que la anterior administración socialista había dejado de cobrar 200.000 millones de pesetas en deudas fiscales por negligencia en la actuación de la Agencia Tributaria.

Al término de la comisión, a mediados de 1997, Saura recibió de la Administración el libro de registro de los expedientes de delito fiscal y comprobó que había "treinta o cuarenta" expedientes iniciados a partir de 1993 de los que no cnstaba cómo habían terminado.

Sobre esos expedientes es sobre los que Saura pretendía recabar al Gobierno información acerca de cuándo terminaron y si acabaron en sanción por delito fiscal. Saura considera que "de forma incomprensible, los representantes del PP y CiU en la Mesa del Congreso dijeron que eso atentaba contra la intimidad de las personas", actitud que fue la que motivó el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que ahora ha sido admitido a trámite.