El Alto Tribunal admitió a trámite el recurso -presentado por el Gobierno a finales de marzo- el pasado 7 de mayo, según informaron a Servimedia fuentes del Constitucional que, no obstante, precisaron que en el casode este tipo de recursos, promovidos por el Gobierno, lo habitual es admitirlos sólo con que cumplan los trámites de ser promovidos en tiempo y forma, pero sin entrar sobre el fondo del asunto.

El Gobierno consideró en su recurso que la iniciativa del Ejecutivo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra atenta contra "la potestad originaria del Estado para establecer tributos", además de vulnerar "diversos artículos de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)".

El texto de Extremdura aseguraba que el impuesto se aplicaría sobre las entidades de crédito "por los recursos que capten de residentes con domicilio fiscal en Extremadura siempre que la casa central o las sucursales de la entidad (...) tengan su domicilio en territorio extremeño".

Además, impedía expresamente a los bancos repercutir el impuesto sobre terceras personas y prohibía a los bancos ampararse en el secreto bancario para no facilitar a la Junta de Extremadura "la cifra de sus operaciones" susceptibles de ser gavadas por el impuesto.

Asimismo, los bancos deberían abonar el impuesto mediante una "declaración-autoliquidación" que, si no se hacía en un período determinado, facultaría a la Junta para realizar una liquidación provisional con intereses de demora.