Eso sí, Manuel Aznar matizó que aunque exista un marco normativo "suficiente" es necesario reforzar, a través de medidas de acción positivas que posibilita ese marco jurídico, el empleo de la lengua de signos con la que se comunican las personas sordas.

El secretario General del Defensor del Pueblo realizó esas declaraciones tras intervenir en la jornada "El uso y reconocimiento de las lenguas de signos y sus consecuencias jurídicas", de los cursos de la Complutense en El Escorial.

En este sentido, Manuel Aznar, durante el transcurso de su ponencia, hizo un recorrido por los distintos ordenamientos jurídicos tanto nacionales, como europeos e internacionales enmarcando, de este modo, el lenguaje de signos en el contexto de los derechos de las personas con discapacidad.

OFICIALIDAD DE LA LENGUA

La Unón Europea ha declarado el año 2001 como "Año Europeo de las Lenguas", incluyendo como tales, mediante la "Carta Europea de Las Lenguas Minoritarias", a las lenguas de signos utilizadas en Europa. Además, una resolución del Parlamento Europeo, del 17 de junio de 1988, insta a los Estados miembros de la UE a un máximo reconocimiento y proyección de las mismas.

Asimismo se ha generado un intenso debate acerca de las consecuencias que tendría un eventual reconocimiento oficial de las lenguas de signos, pr ello, este curso pretende analizar desde una "perspectiva pluridisciplinar las diversas implicaciones jurídicas, institucionales y sociales que dicho reconocimiento oficial puede conllevar".

Un paso en positivo hacia ese reconocimiento es que la Constitución Española proporcione fundamentos para poder reivindicar el derecho de las personas sordas a una lengua de signos, tal y como lo señaló Manuel Aznzar durante su intervención.

Por su lado, José Gabriel Storch de Gracia y Asensio, profesor titlar de Derecho Civil de la Universidad Complutense, y secretario del curso, explicó que, con el reconocimiento oficial de la lengua de signos, no se busca legimitar un "ghetto" linguístico-cultural-social de la persona sorda, sino que la lengua de signos sea un "instrumento de integración social y no de segregación".

"Me opondré", subrayó, "radicalmente con todas mis fuerzas a legitimar un ghetto sordo, pero defenderé la lengua de signos como instrumento necesario para que la persona sorda pueda ejercr sus derechos".

José Gabriel de Storch indicó que el problema es que se "hipervalore la lengua olvidando a la persona", y de esta "exageración" se llegue a hacer una identidad cultural, social y lingüística sorda, en definitiva un "ghetto" para las personas sordas.

Por ello, recalcó su oposición al "ghetto" de la persona sorda, ya que, en su opinión, las lenguas no tienen que "marcar diferencias sino que son puentes de contacto", es más, "la lengua de signos es un buen instrumento de contacto enre personas, de acceso de las personas con discapacidad auditiva a la sociedad".

Por último, el secretario del curso aclaró que la oficialidad de la lengua de signos no se refiere a que las leyes tengan que publicarse en lengua de signos o tengan que escribirse en esta lengua los contratos de seguros, porque la lengua de signos "se agota en el mismo momento de la comunicación ya que no tiene transcripción escrita", sino que se pide la oficialidad en aquellos aspectos en los que tiene "efectos jurídico" la oralidad, por ejemplo, en un juicio.

"Muchos personas sordas dicen que no van al abogado con el intérprete porque pierden intimidad, tienen razón, siempre será más cómodo que la persona sorda se entienda directamente con el abogado en lengua de signos. En este momento, hay abogados que saben inglés pero no hay abogados que sepan lengua de signos".