Baón respondía así a la polémica desatada por unas manifestaciones que realizó ayer, en las que aseguró que la droga circula con absoluta impunidad en los centros carcelarios porque los funcionarios hacen la "vista gorda" para que su trabajo sea "más llevadero".

UGT de Prisiones respondió inmediatmente a las afirmaciones del representante del PP llamándole "irresponsable y mentiroso" por hacer semejantes acusaciones y le exigió que aporte pruebas de lo denunciado. CSIF, por su parte, calificó lo dicho de "absurdo", porque un interno drogado lo único que causa son problemas.

"Las pruebas en todas estas cosas son muy difíciles de encontrar", aseguró hoy Rogelio Baón a Servimedia. "Yo no he sido recluso nunca ni Dios quiera que lo sea, pero si no, no se explica cómo puede haber 32.000 aprehensions (de droga), y eso que es el 10 por ciento de lo que circula".

No obstante, reiteró datos como los ofrecidos ayer en rueda de prensa: que de las 6.000 pesetas que recibe un interno a la semana, sólo gasta entre un 30 y un 40 por ciento en los economatos, lo que hace suponer que el resto del dinero circula en el mercado carcelario de la droga.

"No busco en absoluto denunciar o acusar a ese colectivo sacrificado, serio y sensato, que es el que soporta el sistema actual, que es la columna vertebraldel sistema penitenciario", concluyó al respecto.

"ANECDOTICO"

Baón se mostró contrariado por el hecho de que los medios de comunicación hayan destacado lo más "anecdótico" de la rueda de prensa que, dijo, estaba destinada a pedir una vez más la dimisión del secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción, por su mala gestión y a proponer la privatización de algunos servicios penitenciarios.

Respecto a esta última cuestión, el portavoz del PP para asuntos penitenciarios aseguró qu hay experiencias muy interesantes de privatización, que no son "disparatadas" y que mejoran la atención a los internos.

Desde la "radical" de Gran Bretaña, de privatizar todo el sistema carcelario, hasta otras del entorno europeo más moderadas, en un intento por lograr una gestión "eficaz" que no obligue a Instituciones Penitenciarias a pedir créditos extrapresupuestarios para pagar a acreedores (ha solicitado al Gobierno un préstamo de 8.000 millones recientemente).