El Consello aprovechó la presentación de su primer informe anual, que será debatido próximamente en la Cámara gallega y que corresponde al ejercicio de 1990, para reclamar de la Administración autonómica la realización de auditorías, para un mejor control de las subvenciones públicas.

Las partidas de subvenciones contenidas en los expedientes irregulares ascienden a 1.730 millones de pesetas, el 80 por ciento del volumen total de las ayudas concedidas por el departamento en ese ejercico, según reveló Salgado.

Las principales irregularidades detectadas por el Consello de Contas son el pago de los fondos antes de la recepción de las certificaciones pertinentes, falta de facturas y falta de cumplimiento de las exigencias recogidas en los expedientes de concesión de las ayudas.

Por otra parte, Salgado reveló también que los auditores del Consello de Contas señalan en su informe que la cuenta general del organismo público Instituto Gallego de la Vivienda y el Suelo no representa susituación real.

El informe recoge que lo que aparece como un superávit de 1.238 millones de pesetas en la liquidación del instituto, queda convertido, tras la auditoría, en un déficit de 2.165 millones.