En ua declaración aprobada durante una reunión sobre inmigración y educación celebrada en Salamanca, los responsables de los consejos escolares señalan que es un objetivo prioritario llevar a cabo una distribución equilibrada de estos alumnos entre todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Las organizaciones sindicales y de padres y alumnos que integran la Plataforma de Defensa de la Escuela Pública han acusado en numerosas ocasiones a los centros privados concertados de eludir su obligación de esolarizar a inmigrantes, de manera que la enseñanza pública tiene que asumir casi en su totalidad la integración de los menores extranjeros.

La declaración señala que la presencia de inmigrantes en los centros escolares es "enriquecedora" desde el punto de vista educativo, cultural, social, etc.

"Este hecho justifica plenamente el incremento que debe producirse en las partidas económicas que los Presupuestos Generales del Estado y de cada comunidad autónoma dedican a la educación, para que así seaposible prestar los apoyos de carácter compensatorio y favorecer las políticas sociales integradas que exige una atención cualificada a la inmigración", indica.

Los consejos escolares señalan en la declaración que los poderes públicos deben realizar "un esfuerzo mayor en la aportación de los recursos humanos y materiales precisos que permitan atender esta nueva situación" del alumnado inmigrante.

A su juicio, el centro escolar constituye un medio privilegiado de actuación de la educación interculural y un espacio de cohesión social.

Por eso, ven conveniente adaptar el proyecto educativo y los documentos de organización a las necesidades de los inmigrantes, así como adoptar las medidas educativas y extraescolares precisas para fomentar una actitud favorable y una toma de conciencia sobre las necesidades que surgen del acercamiento entre las diferentes culturas.

REFORMAS LEGISLATIVAS

En cuanto a la lengua, la declaración pide que sea objeto de un cuidadoso tratamiento, para lo cual sugiee la potenciación de programas para el aprendizaje de las lenguas oficiales, "respetando la cultura de procedencia". Eso, añade, no ha de suponer en ningún caso la segregación del alumnado inmigrante de su grupo ordinario.

Los consejos consideran fundamental que en los planes y programas de formación inicial y permanente de los profesores se contemplen la educación intercultural y las necesidades específicas relacionadas con la atención a los alumnos inmigrantes.

Además, proponen que la poblacióninmigrante adulta tenga acceso a los servicios educativos y se desarrollen planes específicos en los Centros de Educación de Personas Adultas.

Ante la declaración de los consejos escolares, colectivos de la Plataforma de Defensa de la Escuela Pública han difundido una nota en la que aseguran que, aun compartiendo el contenido general del escrito, éste no recoge los dos temas que más debate han suscitado.

El primero dicen que es la necesidad de modificar la Ley de Extranjería en aquellos aspectos ue impiden el pleno ejercicio del derecho a la educación de la población inmigrante para lograr así su integración social.

El segundo es la "imprescindible reforma" de la Ley de Calidad, para que ésta pueda garantizar un modelo educativo "que tenga como propio la interculturalidad y que haga posible a todo el alumnado la efectiva igualdad de oportunidades".