Según informó el Ministerio, se trata de la primera reunión de este Consejo desde que entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, y en ella se aprobaron, por unanimidad de todas las comunidades autónomas, los criterios de reparto y distribución de los fondos correspondientes al ejercicio 2023.

El crédito, por importe de tres millones de euros, irá dirigido a tres líneas de actuación: una primera línea, destinada a la localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas, dotada con dos millones de euros; y una segunda y tercera líneas, destinadas a la la realización de actividades de divulgación de los trabajos y resultados conseguidos y de actividades de dignificación de los lugares de enterramiento, respectivamente, que recibirán en total un millón de euros.

Además, a petición de varias comunidades autónomas, y dentro de la tercera línea de actuación, se incorporó la posibilidad de financiar investigaciones relacionadas con la elaboración de censos de víctimas y el tratamiento de series documentales vinculadas con la memoria democrática.

Para la financiación de las actividades de localización, exhumación e identificación de personas desparecidas, cada comunidad o ciudad autónoma recibirá un importe fijo de 21.250 euros si cuenta con, al menos, una fosa pendiente de intervención. Por su parte, los 1.660.000 euros restantes se repartirán en función del número de fosas pendientes de intervenir en cada una de ellas.

Para las actividades de divulgación de los trabajos efectuados y resultados conseguidos, así como de dignificación de los lugares de enterramiento y de promoción de los de memoria asociados a los mismos, las comunidades y ciudades autónomas se repartirán 600.000 euros. Los 400.000 euros restantes se distribuirán en función del número de fosas intervenidas con metodología científica desde 2000 a 2021.

Durante su intervención, el ministro recordó que “las políticas de memoria democrática son un instrumento clave para promover la defensa de los derechos humanos y defender la democracia”. Asimismo, agradeció a los consejeros salientes y a sus equipos la colaboración y el trabajo conjunto en el desarrollo de las políticas públicas de memoria democrática durante estos años.

El Consejo Territorial de Memoria Democrática es el órgano para la cooperación que lleva a cabo tareas consultivas, decisorias y de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en todo lo relativo a las políticas de memoria democrática. Está presidido por el ministro de la Presidencia y asisten, con voz y voto, los titulares de las consejerías competentes en la materia de todas las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla.