El máximo órgano de dirección entre asambleas de la coalición que dirige Gaspar Llamazares, formado por más de doscientas personas, discutirá y votará también un análisis de la coyuntura política, pero ni la dirección ni los críticos dudan que la decisión de la Comisión de Garantías sobre las listas de Madrid será el centro del debate.

En el centro de esta polémica, el Consejo votará la propuesta de código ético que presentará la dirección federal, y que los críticos pretenden que sea de aplicación, no sólo a los cargos públicos, sino también a los miembros de la Comisión de Garantías Federales, según informaron a Servimedia fuentes de la coalición.

La Comisión de Garantías Federales, calificado por Llamazares como el "Tribunal Supremo" de IU, dio por nulas las normas que rigieron el proceso de elección de las candidaturas de IU de Madrid, entre ellas las del cabeza de lista al Ayuntamiento de la capital, Ángel Pérez, y a la Comunidad, Gregorio Gordo.

La Comisión de Garantías, que tomó esta decisión el pasado 28 de noviembre ante el recurso presentado por la supuesta vulneración de las normas estatuarias en la elaboración de las candidaturas de Madrid, aún tiene que trasladar por escrito a los afectados a cuántas de las listas concierne esta medida.

La Presidencia Regional acusó al sector que respalda a Llamazares, minoritario en Madrid, de utilizar a la Comisión de Garantías como "órgano de presión política" y cuestionó la legitimidad de este órgano, ante lo que la dirección federal garantizó que, si estas decisiones no se acatan, se encargará de repetir el proceso de elaboración de las candidaturas afectadas.

Aunque el conflicto de Madrid no figure en el orden del día, sí se hace referencia al tema en el documento político presentado por la dirección, que concluye con un apartado en el que asegura que "la dirección federal promoverá la solución política de los conflictos en curso en la convicción de que este modo es el que corresponde con nuestra naturaleza de organización política". El documento político analiza, por otro lado, el compromiso con el proceso de paz, en el que muestra su "decepción por la acción del Gobierno. El coraje inicial se ha diluido apresados por el temor a los efectos electorales de esta gestión. Mal cálculo", añade.

Asegura que la principal responsabilidad corresponde a ETA y a su entorno, pero también el Partido Popular, que "muestra su miserabilidad política en este asunto y su voluntad de seguir persiguiendo beneficios políticos a través del aprovechamiento del terror".

En este contexto, anuncia que iniciará en enero una campaña de movilizaciones en defensa del proceso de paz, e insiste en la necesidad de promover un Pacto por la Paz en el ámbito político estatal, la reforma de la Ley de Partidos y el endurecimiento del Código Penal y la flexibilización de la política penitenciaria.