La institución representativa del Notariado hizo esta precisión tras conocerse ayer que el Defensor del Pueblo ha decidido tramitar ante el Ministerio de Justicia una queja planteada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) contra el Reglamento de Organización y Régimen del Notariado.

Según el Cermi, el artículo 182 de ese reglamento establece que "son incapaces o inhábiles para intervenir como testigos en una escritura notarial las personas con discapacidad psíquica, los invidentes, los sordos y los mudos".

El Consejo General del Notariado subraya que la redacción de ese artículo "es anterior al proceso iniciado por España para abordar reformas legales necesarias para cumplir con lo establecido en la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por nuestro país en diciembre de 2007".

La adopción de esa Directiva, subrayan los notarios, "va a implicar la apertura de un camino de cambios para promover, proteger y garantizar muchos derechos de las personas con discapacidad".

En consecuencia, "la forma de constatación de la voluntad deberá también ser entendida a la luz de la Convención, en partícular en su artículo 2 que al hablar de 'comunicación' incluye lenguajes como la visualización de textos, el braille y la comunicación táctil, entre otros".

Según el Consejo General del Notariado, "deberán, por tanto, establecerse mecanismos adecuados para que la comparecencia de personas sordas, ciegas o con algún tipo de limitación en la expresión no sea un obstáculo para el otorgamiento o intervención en actos o contratos, en el ámbito judicial y extrajudicial".

El Consejo General del Notario subraya, además, que desde su fundación Aequitas, creada en 2000 para la protección jurídica de las personas con discapaciad y los sectores más vulnerables, "está colaborando tanto con las administraciones públicas como con los representantes de estos colectivos para impulsar cuanto antes las oportunas reformas".