Así lo aseguraron, tras la reunión de la Mesa de la Función Pública (fomada por la administración y diferentes sindicatos), los representantes sindicales.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Javier Granda, afirmó que este compromiso adquirido por Saavedra hace concebir "esperanzas" para que el Gobierno varíe su posición.

Aún así, el secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Justo Zambrana, aseguró que las previsiones de incremento retributivo para el próximo año sigue siendo el cero por ciento, "dada la situación econóica por la que pasa el pais".

Por su parte, el representante de CCOO, Salvador Bangueses, pronosticó que la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios alcanzará el 6,2 por ciento en 1994, "cifra que el ministro nos ha confesado está manejando".

Según informaron a Servimedia fuentes del ministerio, cada punto de subida adicional en el salario de los funcionarios cuesta más de 45.000 millones de pesetas, ya que no solo repercute a los empleados en la Administración Central, sino también en la transferencias que ésta hace para el capítulo de personal de las autonomías.

Otra de las peticiones realizadas por los sindicatos de funcionarios fue que la negociación en el Pacto Social sobre el salario de los empleados públicos "esté vinculada a las decisiones que se tomen en la Mesa de la Función Pública", declaró Enrique Castro, secretario de Acción Sindical de CSIF.

Los sindicatos, que pidieron un trato "no discriminatorio" para los funcionarios, exigieron que, al menos, los salarios de lo empleados públicos queden en el mismo baremo que el que se acuerde para los empleados de empresas privadas en el Pacto Social.

Justo Zambrana, aseguró que el Gobierno comenzará a negociar "otros puntos con los sindicatos" si no se llega a un acuerdo respecto a la congelación de salarios. Añadió que la masa salarial de los funcionarios aumentó en 1993 en un 3,5 por ciento y no el 1,8 como se estableció en un principio.

Por su parte, USO calificó de "injusta y arbitraria" la posible congelación saarial de los funcionarios y aseguró que "cada vez tiene más clara certeza que el Gobierno no quiere la firma" del Pacto Social.

PERSONAL QUE COBRA DEL ESTADO

Actualmente, las administraciones públicas españolas cuentan con un total de 1.688.118 empleados, de los que 606.804 dependen de la Administración del Estado, 607.309 de la autonómica, 366.825 de la local, 71.031 de las universidades y 36.149 de justicia.

Por comunidades autónomas, Madrid es la que cuenta con más empleados públicos, un totl de 307.161, correspodiendo la mayoría, 193.689 trabajadores, a la Administración del Estado. Esta última cifra incluye los 67.851 empleados que trabajan en los servicios centrales.

Por detrás de Madrid se sitúan Andalucía, con 307.161 empleados públicos, Cataluña (190.627), Valencia (145.226), Castilla y León (119.526), Galicia (99.955), País Vasco (79.409), Canarias (74.022), Castilla-La Mancha (72.743), Aragón (55.655 trabajadores).

El resto del personal de las administraciones públicas se rearte entre Extremadura (47.586), Asturias (46.742), Murcia (41.436), Baleares (29.570), Cantabria (22.596), Navarra (18.335), La Rioja (11.496), Ceuta (2.853) y Melilla (3.627), así como otros 6.811 destinados en el extranjero.

A todos ellos hay que sumar otros colectivos que también cobran del Estado como las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, que suman 121.180 entre policías y guardias civiles, los 140.000 trabajadores de las empresas del Instituto Nacional de Industria y los 150.000 empleados e las empresas en las que tiene participación Patrimonio.

Además, dependen del Estado los trabajadores de los organismos autónomos, que no están incluídos en estas cifras, como Correos, que cuenta con unos 65.000 trabajadores, o el ente público RTVE, con cerca de 11.000 empelados.

Esto significa que, en total, el sueldo de más de 2.175.000 trabajadores depende del Estado, lo que supone casi una quinta parte, concretamente el 18,32 por ciento, de las 11.867.570 personas ocupadas que hay en España,según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA).