Los dos supuestos que permitirían abortar hasta la semana 22 son que exista grave peligro para la vida o salud de la madre y que se detecten anomalías en el feto. Por encima de las 22 semanas se practicaría sin límites ante casos de malformaciones graves incompatibles con la vida.

El comité considera que el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo debe regularse en la futura ley y no en el Código Penal, con lo que en ningún caso las mujeres que decidan abortar podrán ser castigadas con penas de prisión.

Además, el informe pide reconocer la autonomía de decisión en las jóvenes de entre 16 y 18 años sin que sea necesaria la autorización de sus padres o tutores, y se plantea que la objeción de conciencia no suponga ningún obstáculo en el acceso de las mujeres a esta prestación sanitaria en el sistema público de salud.

Finalmente, el informe de estos expertos apunta la necesidad de mejorar la calidad de los actuales servicios de atención a la salud sexual, mediante una mayor accesibilidad y disponibilidad de métodos anticonceptivos.