El anteproyecto da mayor protagonismo a las comunidades autónomas en la cohesión del sistema y la cooperación dentro del mismo, incorporándolas al organismo que evalúa y autoriza los medicamentos (la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, como se denominará a partir de ahora) y a los órganos de dirección del Instituto de Salud Carlos III.

También diseña una erie de instrumentos u organismos para mejorar las decisiones que corresponda asumir conjuntamente al Estado y a las comunidades, y establece las actuaciones coordinadas que en materia de salud pública y de seguridad alimentaria haya que adoptar ante situaciones de especial riesgo o alarma para la salud de los ciudadanos.

El texto, que también garantizará la calidad de la Sanidad privada, encomendará al Ministerio de Sanidad y Consumo el fomento de auditorías externas periódicas de los centros y serviios sanitarios, y ampliará la cartera de servicios de Primaria (salud mental y comunitaria) y otras prestaciones sociosanitarias estrictamente sanitarias.

Atiende a las aspiraciones de los profesionales sanitarios sobre planificación y formación, así como sobre el desarrollo de la carrerra profesional y la movilidad dentro del Sistema Nacional de Salud, y crea un Plan Sectorial de Investigación en Salud.

El anteproyecto de ley da una gran importancia a la creación de un "verdadero sistema de infomación sanitaria", que estará a disposición de los usuarios y que se nutrirá de información procedente de la propia Administración sanitaria del Estado y de las comunidades autonómas.

También prevé la elaboración conjunta de Planes Integrales de Salud y refuerza el papel del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al que otorga capacidad de adoptar acuerdos de cooperación sanitaria en diversos ámbitos.