Entre las medidas más destacadas, figura la creación de un modelo homogéneo de función pública para todos los empleados públicos en la totalidad del país, si bien respeta las competencias de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Asimismo, el Estatuto pretende profundizar en el diálogo social, añadiendo la posibilidad de constitución de una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, como órgano de relación permanente entre el sector público.

En materia de salarios, las retribuciones básicas serán iguales para todas las Administraciones Públicas, mientras que las complementarias serán fijadas por cada Administración, "con lo que se logrará una estructura retributiva más acorde y adecuada a la realidad actual".

La temporalidad es otra de las cuestiones que trata de abordar el citado estatuto, a través del fomento del empleo estable y de calidad.

La evaluación del rendimiento de los trabajadores será un "factor decisivo" en la carrera profesional a través de sistemas "objetivos y transparentes", pactados con las organizaciones sindicales.

De este modo, se incentivará a los empleados públicos que logren buenos resultados y se esfuercen. Su continuidad en los puestos dependerá, asimismo, de su rendimiento, desapareciendo la presunción de haber obtenido "un puesto para toda la vida".

Un código de conducta regulará los derechos y deberes de los empleados públicos, el cual será de obligada aplicación, independientemente de la Administración para la que se trabaje.

Finalmente, el anteproyecto recoge cuestiones como el impulso de la igualdad de trato entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia de género, así como la tolerancia cero con cualquier tipo de discriminación.