El Gobierno considera que, pese a que el mercado hipotecario español es uno de los "mas eficientes" y "competitivos" de Europa, su regulación se llevó a cabo en los 1981 y 1994, "y en un entorno distinto al actual".

Por ello, es "pertinente adaptar su marco regulatorio a nuevos instrumentos y ampliar las posibilidades de elección de las entidades y familias".

Según explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el objetivo es ampliar la capacidad de elección de las familias españolas a la hora de contratar un crédito hipotecario, dotándolas de "mejores mecanismos de transparencia".

Según el texto, se establece un nuevo régimen para la amortización anticipada de los préstamos que permite equiparar el tratamiento de la cancelación con el de la subrogación, "acabando con la asimetría injustificada existente en la actualidad".

Asimismo, se prentede corregir la falta de equidad para los prestatarios que suponía el pago a la entidad de la comisión de amortización anticipada, incluso en los casos en que ésta se beneficiaba de ella gracias a la evolución de los tipos de interés.

Por otra parte, se reducen los costes arancelarios de registradores y notarios por la cancelación anticipada, novación modificativa y subrogación de créditos hipotecarios.

La intención del Ejecutivo es también regular la hipoteca inversa, destinada a aquellos propietarios de vivienda habitual mayores de 65 años o dependiente, gracias a la cual podrán solicitar una hipoteca sobre su vivienda habitual con el fin de obtener una renta complementaria a su pensión y podrán seguir viviendo en dicha casa.

TRANSPARENCIA

Para mejorar la transparencia que ofrecen las entidades bancarias a los clientes, se aprobará una orden cuyo objetivo es que exista una transparencia "más efectiva" a través de la revisión de los mecanismos de información actuales.

En virtud de esta norma, los tomadores de un nuevo préstamo hipotecario podrán adoptar su decisión en función de los riesgos reales.

Respecto a la reducción de las comisiones por amortización, el Gobierno fijará este coste en un máximo del 0,5% del capital pendiente, frente al 1% actual en el caso de los créditos a tipo de interés mixto.

Por otra parte, se quiere fomentar la independencia y profesionalidad de las sociedades de tasación. Así, éstas deberán elaborar un reglamento interno que evite los conflictos de intereses.

Las entidades de crédito que cuenten con servicios propios de tasación o encarguen tasaciones a una sociedad de tasación de un mismo grupo deberán constituir, además, una comisión técnica que vele por el cumplimiento del reglamento interno.