Para la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE), la aprobación de este estatuto da respuesta a una reivindicación histórica del sector y equipara en derechos a los cooperantes con el resto de la población laboral española.

Con la aprobación del Estatuto del Cooperante se da cumplimiento a la Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo, aprobada el 7 de julio de 1998, que establecía la obligación de aprobar un estatuto de este tipo.

En él se reconocen aspectos esenciales de la labor de los cooperantes, como derechos y obligaciones, régimen de incompatibilidades, formación, homologación de los servicios que prestan y modalidades de previsión social.

Entre las novedades que recoge el estatuto figura un seguro colectivo, sufragado en su mayor parte por la Agencia Española de Cooperación. Esta prestación cubrirá la asistencia médica y sanitaria ante todo tipo de enfermedades y accidentes derivados del trabajo del cooperante y su estancia en el país de destino, incluidos el parto y la maternidad.

También garantizará que, a su regreso temporal o permanente a España, el cooperante esté cubierto por la Seguridad Social. En caso de que fallezca en el ejercicio de su profesión, su cuerpo será repatriado.