El Protocolo nº 13 incluye la abolición de la pena de muerte de forma total y absoluta, la prohibición de excepciones y reservas, la aplicación territorial, las relaciones con el Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y la firma, ratificación, entrada en vigor y funciones del Depositario. Además, el Consejo de Ministros autorizó una Declaración a formular por España para el caso de que el Convenio sea extendido por el Reino Unido a Gibraltar para dejar clara la posición de España sobre el estatus del territorio no autónomo de Gibraltar y el carácter local de sus autoridades. En España la pena de muerte fue abolida por la Constitución en su artículo 15. Quedaba, sin embargo, la posibilidad de excepcionar dicha disposición en tiempos de guerra, posibilidad que quedó subsanada por la Ley Orgánica de 27 de noviembre de 1995. Una ley que abolía la pena de muerte establecida en el Código Penal Militar, único texto legal que la contemplaba como pena imponible a ciertos delitos cometidos en tiempo de guerra.