En la rueda de prensa posterior al Conksejo de Ministros, Pérez Rubalcaba señaló que esa reducción de efectivos supondrá un ahorro de unos 12.000 millones de pesetas, que contruibuirán a disminuir el déficit público.

La oferta de empleo público (OEP) aprobada es muy inferior a la del año pasado, de 6.304 plazas, que fue considerada entonces pr el Gobierno como la más restrictiva de los últimos veinte años. La OEP ha caído en picado en los últiños años, desde las 27.217 plazas sacadas en 1991.

De haberse atendido todas las peticiones de personal formuladas para este año por los ministerios, la oferta habría ascendido a 13.000 plazas, pero Hacienda se ha mantenido firme en dar prioridad a la rebaja del déficit público, según informaron a Servimedia fuentes de toda solvencia.

En cuanto al reparto de la OEP, Pérez Rubalcaba remitió a unarueda de prensa que celebrará mañana el Ministerio para las Administraciones Públicas, si bien el personal docente y el de Hacienda será el que concentrará la mayor parte de la oferta.

El Gobierno elevó a última hora en algo más de 600 plazas la oferta de empleo que había comunicado en su última reunión con los sindicatos, que era de 2.241 plazas, desglosadas de la siguiente manera: 908 para personal docente, 410 para Hacienda y la Agencia Tributaria, 50 para Correos, 45 para el MOPTMA, 85 a personal e investigación, 14 a Agricultura, 35 a Seguridad Social, 100 para diversas especialidades del grupo A (el de titulados universitarios) y 594 para contrataciones de personal laboral.

Por otra parte, los tres principales sindicatos de la función pública (CCOO, UGT y CSI-CSIF) consideran que la OEP es demasiado restrictiva y que no servirá para cubrir las necesidades de servicios públicos básicos, como la sanidad y la educación.

El secretario de Acción Sindical de CCOO de la Administración, EnriqueArnau, manifestó a Servimedia que las plazas convocadas no satisfacen la prioridad dada a la lucha contra el fraude tributario y señaló que faltará personal en las cárceles e incluso en residencias del Inserso.

Añadió que la oferta se ha hecho "cuadrándola a hachazos por el afán de reducir el déficit público" y recalcó que, aunque los sindicatos comparten el objetivo de que el dinero se gaste correctamente, es preciso "que los servicios públicos prioritarios se atiendan bien".

En parecidos términs se pronunciaron el secretario de Acción Sindical de CSI-CSIF, Enrique Alonso, y el dirigente de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Salvador Aguilar.

Aguilar rechazó el argumento esgrimido por la Administración en sus consultas con los sindicatos, en el sentido de que han realizado estudios que demuestran que es posible mantener el actual nivel de servicios pese a la reducción de 6.000 empleos que el propio Gobierno reconoce que se producirá.