Además, con esta ley, se fija el plazo del año 2000 para culminar la total separación entre las fuentes de financiación del sistema.

El proyecto arranca de las medidas que fueron consensuadas con los sindicatos, y que dieron origen al acuerdo firmado el 9 de octubre por el presidente del Gobierno, José María Aznar, y los secretaios generales de UGT y CCOO, Cándido Mendez y Antonio Gutierrez.

Entre las medidas que establece el anteproyecto se encuentran la dotación de un fondo de reserva con cargo a los excedentes que pudieran resultar de la liquidación de los presupuestos de la Seguridad Social.

Se fija gradualmente un único tope de cotización para todas las categorías profesionales, y se ampliará, también gradualmente, de 8 a 15, el número de años a cotizar para tener derecho a una pensión. Además, se prevé la posibiliad de otorgar subvenciones en el caso de que un trabajador decida voluntariamente permanecer en su puesto de trabajo tras los 65 años, límite que se mantiene como edad legal de jubilación.

A partir de la ley, la cuantía de la pensión será del 100% con 35 años cotizados, del 80% con 25 años y del 50% con 15 años de cotización.

Los grados de incapacidad se determinarán de acuerdo con una "lista de enfermedades" y las pensiones de invalidez en vigor pasarán a ser de jubilación cuando el beneficiariocumpla 65 años.

Las pensiones mínimas de viudedad para los beneficiarios de menos de 60, se equiparaán en un plazo de 4 años a las de los que tienen entre 60 y 64 años.

La duración de las pensiones por orfandad se amplía hasta los 21 años y hasta los 23 si faltan ambos padres, siempre que los beneficiarios no realicen trabajos remunerados.