El Ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, en rueda de prensa posterior, afirmó que el texto "atiende a tres principios: la prevención, la responsabilidad, y la participación" de trabajadores y empresarios "en consonancia con el objetivo prioritario del Gobierno que es crear empleo".

Según Griñán, el proyecto de Ley de Prevención de Riesgos Laborales entra dentro del marco de "no retroceder en las conquistas sociales" logradas hasta el momnto.

A la espera de su trámite parlamentario, la también denominada Ley de Salud Laboral, que tendría que haber sido aprobada en 1992 según la transposición de las directivas comunitarias, eleva de 15 a 100 millones de pesetas las sanciones máximas que se podrán imponer a las empresas que cometan faltas contra la seguridad en el trabajo.

Asimismo, y en contra de las peticiones sindicales, el delegado de prevención no tendrá un crédito horario específico, con lo que tendrá que pertenecer al comitéde empresa.

Un trabajador o el comité podrá paralizar el proceso productivo productivo si considera que existe riesgo inminente para la salud de los trabajadores. A las embarzadas se les permitirá asistir a cursos de preparación del parto a cargo de la empresa y de prácticas prenatales.

Además, Trabajo tendrá que formalizar en un plazo máximo de seis meses una Fundación para promocionar la información de la seguridad y la higiene, tal y como acordaron Gobierno y sindicatos y según el compromiso aquirido en el proyecto de ley.

Esta norma fue inicialmente pactada hace más de dos años entre sindicatos y el anterior ministro de trabajo, Luis Martínes Noval, pero quedó aparacada por discrepancias de la patronal CEOE y por las resistencias de la Comisión de Subsecretarios a aprobarla.

El actual ministro, José Antonio Griñán, la renegoció y consiguió el apoyo parcial, tanto de empresarios como de trabajadores.