La entrada en vigor el lunes del real decreto suprimirá la tramitación de 5 millones de certificados que actualmente emiten la Agencia Tributaria y la Tesorría General de la Seguridad Social. Asimismo, se espera eliminar otro millón de certificados en el plazo máximo de un año, la mayoría de ellos emitidos por los registros civiles.

A partir de ahora, las unidades de la administraciones que necesiten datos de ciudadanos o de empresas podrán solicitarlas a los departamentos de la Administración que ya los tenga. El Ministerio de Administraciones Públicas tiene pensado, además, suscribir convenios con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que ambién ellos puedan evitar la gestión de tantos certificados.

Este proyecto permitirá, a largo plazo, presentar solicitudes a la Administración todos los días del año y las 24 horas del día a través de las nuevas tecnologías. También proporcionará un domicilio electrónico único a los ciudadanos para recibir notificaciones del Estado.

Entre otras cosas, la normativa que aprobará hoy el Ejecutivo evitará la presentación de 1.550.000 certificados para solicitudes de subsidios de desempleo, 1.140.000para ayudas de material escolar, 1.400.000 para becas de estudiantes desplazados y 697.000 para suscripción de seguros agrarios.