Así lo informó la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según Rodríguez, “en torno al 50%” de las 100.000 viviendas “ya se está desarrollando”. “Lo que se persigue con este convenio es acelerar las posibilidades de ofrecer a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles”, explicó.

La ministra detalló que este “primer convenio” está dotado con 115,3 millones de euros para 2022 y hasta 260 millones de euros para el próximo año.

De momento, Sepes ya ha adscrito al Plan 17 actuaciones entre suelos en propiedad y suelos a comprar. Así, Sepes pone inicialmente a disposición del Ministerio los suelos Residencial Buenavista en Málaga, Parque Artillería en Sevilla, Can Escandell en Ibiza, Cuartel de Artillería y Cuartel de Ingenieros en Valencia y el 12% de la Operación Campamento en Madrid.

En paralelo, el Ministerio subrayó que la secretaría general de Agenda Urbana y Vivienda junto con Sepes tiene en estudio "otras posibles localizaciones" para incrementar su participación en el Plan.

La financiación regulada en el convenio se destinará a compensar a la entidad por el valor del suelo, los costes de la urbanización de los ámbitos urbanísticos hasta la adquisición de la condición de solar, de los proyectos y, en su caso, del concurso de proyectos, así como de la promoción y cualquier otra adquisición, gestión o actividad inherente al proceso de consecución de las viviendas para ser destinadas al alquiler asequible o social sobre los suelos de Sepes o los que adquiera y que se adscriban y se desarrollen dentro del Plan.

Además, gracias a esta colaboración, el Ministerio detalló que se podrán adquirir suelos, como, por ejemplo, Son Busquets en Palma o el 78% restante de Campamento en Madrid, y financiar la gestión actuaciones en los suelos de su propiedad para la promoción de este tipo de viviendas mediante fórmulas de colaboración público-privadas y otras que puedan definirse en el futuro entre ambas entidades.

Por otro lado, en un encuentro organizado por la Fundación Alternativas este martes, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas indicó al respecto de la medida que Sepes era una empresa que se había caracterizado “por el desarrollo de suelos industriales durante toda su historia".

No obstante, a partir de esta legislatura, “entendiendo las necesidades de vivienda”, el Gobierno empezó a realizarle “encargos en materia de “construcción” y “promoción” de vivienda social en alquiler.

“Se han ido sucediendo los diferentes encargos, por lo que era lógico y necesario establecer un convenio marco entre el Ministerio y Sepes para que el encargo quede formalizado y pueda asumir nuevos encargos”, destacó Lucas, quien apuntó que las 17.000 viviendas “se irán incrementando con nuevas promociones”.

PLAN 100.000 VIVIENDAS

Esta acción forma parte del objetivo del Ministerio de alcanzar 100.000 viviendas públicas “ya sea a través de la iniciativa pública o colaboración público-privada”, pues mientras en España el parque público es de un 2,5%, la media de la Unión Europea está en un 9% y países como Holanda o Austria, un 25% o 30%, según Lucas.

“Desde las administraciones públicas se ha hecho un esfuerzo en vivienda en estas décadas, pero se ha hecho en vivienda de protección, pero en régimen de propiedad. No se impulsó la vivienda en alquiler y son 290.000 viviendas las existentes, lo que pone de manifiesto un gran déficit”, explicó.

El plan de las 100.000 viviendas contempla la iniciativa pública a través de las previstas en el Plan Estatal de Vivienda, las financiadas con el Plan de Recuperación, las acordadas “directamente” con ayuntamientos y, las que se impulsan desde el Ministerio, en las que se enmarcan las de Sepes.

No obstante, Lucas subrayó que se entendían “soluciones habitacionales más inmediatas” porque “pasa tiempo” desde que las viviendas “se planifican, urbanizan y construyen”. Por ello, se prevén colaboraciones con el fondo social bancario, que tiene “11.000 viviendas ya habitadas”; la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), con la que se ha acordado la cesión de 15.000 viviendas o a través de un “nuevo plan específico”, por el cual las entidades privadas pueden ceder viviendas a un precio estipulado que pasen a “engrosar” el parque público de viviendas.