En un encuentro con periodistas en el Palacio de La Moncloa, Robles reveló que ayer se reunió con magistrados de la Audiencia Nacional para estudiar el estado de los diversos procesos de petición y concesión de etradiciones que tiene pendientes España, entre ellos los que tienen origen en delitos terrorismo.

Por otro lado, la subsecretaria del Ministerio de Justicia acusó al Partido Popular de bloquear con fines partidistas la elección de las vacantes del Consejo General del Poder Judicial.

A este respecto, dijo que la actitud del PP es poner obstáculos al funcionamiento adecuado de la justicia. "Hay que decirlo. Es un comportamiento que lo que hace es dificultar, yo diría que interesadamente, ese funcioamiento".

Por otra parte, el secretario general del Portavoz del Gobierno, Miguel Gil, afirmó en el transcurso de esta reunión con periodistas que no hay discrepancias entre los ministerios de Defensa y Justicia respecto a la polémica sobre la objeción de conciencia.

Gil matizó las palabras pronunciadas ayer por Julián García Vargas en relación a la necesidad de modificar la ley de objeción de conciencia, al asegurar que el conjunto del Ejecutivo "coincide en cuanto a la conveniencia de revisar eementos contenidos en la ley", y que son los que están en el origen de la masiva renuencia a prestar el servicio militar.

Por su parte, Margarita Robles afirmó que el ministerio está estudiando la conveniencia de suprimir las penas de cárcel por insumisión e introducir penas de inhabilitación u otras que tengan también "repercusión social".

Negó que los ministerios de Justicia y Defensa estén negociando una supresión de las penas de cárcel por insumisión a cambio de un mayor endurecimiento de lascondiciones para acceder a la objeción y recordó que ésta es un derecho constitucional del ciudadano que no tiene que ver con los problemas funcionales que puedan tener el Gobierno o la defensa nacional.

Margarita Robles adelantó que si en 1993 se crearon 17.000 nuevas plazas para la prestación social sustitutoria a lo largo de este año 94 podrían crearse "aproximadamente 10.000 más".

Para ello, el Ministerio de Justicia establecerá convenios próximamente con el Insalud, Protección Civil, la Igleia Católica, el ICONA y los servicios sociales de las distintas comunidades autónomas.

A propósito de las quejas sindicales respecto a que estas plazas de la prestación social sustitutoria pudieran quitar puestos de trabajo, la subsecretaria del Ministerio de Justicia negó este extremo y añadió que son plazas con contenido social "muy importante" y que no interfieren en la creación de nuevos empleos. "No tiene por qué haber solapamiento", agregó.