Se trata de la oferta más restrictiva de los últimos años y supondrá una reducción de efectivos de la Administración de entre 5.000 y 10.000 personas, ya que será mayor el número de quienes salgan de la función público por jubilaciones y bajas.

Los sectores eegidos como prioritarios por el Ejecutivo son instituciones penitenciarias, para el que se convocan más de setecientas plazas; los centros de la tercera edad del Inserso, con 594; y la enseñanza, con 1.418 plazas de profesores de enseñanza media y 1.588 para maestros.

En la docencia no se trata de nuevos empleos, sino, en un 80 por cien de los casos, de consolidación como fijos de personal que ahora es interino. Algo parecido sucede en Correos, en donde la Administración convertirá en fijos a 1.600 trbajadores que ahora desempeñan su trabajo bajo distintas modalidades de empleo temporal.

Otra prioridad del Ejecutivo, la lucha contra el fraude fiscal, será atendida con 550 plazas para la Agencia Tributaria y otros organismos fiscales.

También habrá plazas, pero en mucha menor medida, para personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, economistas, e ingenieros adscritos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Ante esta oferta de empleo público, el secretario de Acció Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Pedro Díez Chavero, declaró a Servimedia que las Administraciones Públicas (Central, autonómica y local) ya han recortado 80.000 desde el 1 de enero de 1993 hasta hoy.

Chavero señaló que se avecinan tiempos de "conflictividad" por la decisión del Gobierno de congelar dos años consecutivos el salario de los funcionarios, con una pérdida de poder adquisitivo de ocho puntos entre 1993 y 1994, y aumentar al mismo tiempo la carga de trabajo, al reducr el personal.

El secretario de Empleo del Sindicato de la Administración de CCOO, Luis Felipe García Calvo, manifestó que la política salarial del Ejecutivo está incrementando las diferencias retributivas, ya que a los funcionarios de mayor nivel se les compensa con ascensos que suponen más complementos.

García Calvo apuntó como insuficiencias de la Oferta de Empleo Público de este año que no cubre los probleas de personal de la Seguridad Social en cuanto a controlares laborales (encargados del umplimiento de la normativa laboral) y miembros de las unidades de recaudación ejecutiva, lo que merma las posibilidades de recuperación de las cuotas sociales no pagadas por las empresas.

Por su parte, Enrique Alonso, de CSI-CSIF, mostró la disposición de su sindicato a efectuar reestructuraciones negociadas en la Administración, al tiempo criticó el "ocultismo" con que, a su juicio, quiere realizarlas el Gobierno.