La integración, que tendá un coste para los ayuntamientos de más de 300.000 millones de pesetas en un periodo de 20 años, se ha retrasado unos días sobre la fecha prevista, el 1 de abril, por la tardanza del Consejo de Estado en dar su dictamente aprobatorio.

El colectivo beneficiado, incluido ahora en la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Local (MUNPAL), está formado por casi 700.000 personas, de las que 184.436 son trabajadores, 114.987 pensionistas y 395.000 familiares de los anteriores.

Para financiar l integración, que supondrá pensiones más elevadas para este colectivo, las corporaciones locales tendrán que cotizar a la Seguridad Social un tipo adicional del 8,2 por ciento a lo largo de 20 años, a partir del 1 de julio de 1995.

Además, como contribución por sus actuales pensionistas, algo más de 114.000, las corporaciones pagarán este mismo año 7.265 millones de pesetas. Esta aportación se cubrirá con una subida de un punto en el tipo de cotización y con la cesión al patrimonio de la Seguridad Socal de inmueble de la MUNPAL en Madrid, valorado en 4.115 millones.

LAS PENSIONES SUBIRAN MAS DE UN 20 POR CIEN

El decreto de integración, que cuenta con el respaldo de la Federación Española de Municipios y Provincias, así como de los sindicatos UGT y CCOO, permitirá un aumento de más del 20 por ciento en las pensiones a las que en el futuro tendrán derecho los funcionarios de la administración local.

Según las estimaciones sindicales, la máxima subida, del 35,58 por ciento, corresponderá a losfuncionarios del grupo E (que realizan trabajos para los que se requiere sólo el certificado escolar).

Para los titulados universitarios, será del 26,38 por cien; para los diplomados, del 26,01 por cien; para los bachilleres, del 22,29 por cien; Y para los graduados escolares, del 34,04 por cien.

Actualmente, las pensiones medias son de 97.240 pesetas, las de jubilación; 86.193 las de invalidez; y 49.050 las de viudedad. Estas últimas experimentarán una subida de entre un 69,3 y un 81,8 por cient, en función de los grupos.

Para los trabajadores, los inconvenientes de la integración consisten en la renuncia a una gratificación por matrimonio de 15.000 pesetas y a un seguro de vida del que el funcionario local podía rescatar la mitad de su importe, si lo solicitaba cinco años antes de jubilarse.

Por otra pate, la integración de los funcionarios locales en la Seguridad Social exige que los ayuntamientos que ahora tienen concertada la asistencia sanitaria de sus empleados con empresas privads decidan si la mantienen o incorporan a sus funcionarios directamente en la sanidad pública.

Esta decisión deberá ser adoptada por los plenos municipales en un plazo de un mes a partir de la integración. La importancia de esta decisión radica en que las empresas actualmente contratadas para realizar esta labor mueven un volumen de negocio anual de 23.000 millones de pesetas, y muchas de ellas tendrían que cerrar si los ayuntamientos decidiesen cancelar sus contratos.

Los ayuntamientos en esta siuación son 1.946, con 121.534 funcionarios y pensionistas asistidos a través de empresas privadas, y con un total de 231.167 beneficiarios, si se incluye a familiares.

La opción es libre. Al Ayuntamiento que opte por mantener los contratos se le deducirá una parte de su cotización a la Seguridad Social para que pueda asignarla al pago de la empresa privada.