Con este Real Decreto se trata de adecuar el texto aprobado el pasado mes de febrero a la nueva realidad gubernativa, según han informado a Servimedia fuentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Así, en el texto de principios de año se afirma que la presidencia del Consejo será asumida por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, o que la Secretaría sería asumida por la Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo.

En ambos casos, los nombres a los que se hacen referencia han de ser adecuados a la nueva organización gubernativa surgida de las elecciones generales celebradas la pasada primavera.

Una vez esté publicado este nuevo real decreto en el Boletín Oficial del Estado, desde el ministerio de Trabajo e Inmigración se enviarán las invitaciones oficiales para que las organizaciones no gubernamentales, expertos académicos, agentes sociales y administraciones, nombren oficialmente a sus representantes en el Consejo o acepten su inclusión en el mismo.

El Consejo tendrá una composición cuatripartita y paritaria, y cada grupo contará con doce vocales. En el primero estarán las organizaciones empresariales, el segundo contará con representación de los sindicatos, el tercero de las organizaciones sociales y expertos académicos, y el cuarto contará con representantes de las administraciones públicas.

Hasta el momento solamente las Comunidades Autónomas han acordado quienes van a ostentar su representación al aprobar a finales de junio dentro de la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales que las tres primeras comunidades serían Ceuta, Extremadura y Galicia.

Por otra parte, fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias también han manifestado a Servimedia que la representación de la FEMP en el Consejo recaerá en el propio Pedro Castro, como presidente de la misma.