Fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas consultadas por Servimedia explicaron que el proceso desde que se analiza en el Consejo de Ministros, pasa por el Consejo de Estado y vuelve al Gobierno para su aprobación podría durar alredededor de un mes y medio.

El Ministerio de Administraciones Públicas llegó a un acuerdo con los sindicatos CCOO, UGT Y CSIF sobre el anteproyecto de ley del Estatuto e la Función Pública el pasado 10 de febrero, pero las diferencias entre este departamento y el de Economía han retrasado el paso del Estatuto por el Consejo de Ministros.

El Estatuto de la Función Pública garantiza jurídicamente el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, y esta medida ha sido la que ha motivado el enfrentamiento entre Administraciones Públicas y el departamento que dirige Rodrigo Rato.

El ministerio de Rato se oponía a este derecho, porque, al garantizar lanegociación colectiva y poder negociar los distintos estatutos de autonomía, se pueden romper los topes salariales que se marcan desde Economía para los funcionarios en los Presupuestos Generales del Estado.

El documento que estudiará mañana el Consejo de Ministros tiene algunos cambios con relación al acordado con los sindicatos, pero, según informó a esta agencia un portavoz sindical, son cambios técnicos y de redacción que no modifican en lo sustancial el contenido del acuerdo.

Además de la gaantía del derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, el Estatuto establece otras novedades como que la movilidad geográfica de los funcionarios tenga que ser negociada con los representantes sindicales, mientras que en la actualidad puede imponerla la Administración de forma forzosa.

Otro aspecto que también tendrá que ser negociado con los sindicatos será la oferta pública de empleo de cada año. El Estatuto también recoge procedimientos de mediación y arbitraje similares a los que xisten en el sector privado, y establece la creación de concursos específicos para acceder a puestos de cierta responsabilidad.

Una vez que el Estatuto de la Función Pública sea aprobado por el Consejo de Ministros será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria, y la previsión del ministerio que encabeza Mariano Rajoy es que la nueva ley entre en vigor posiblemente en 1999.