Esta ley reconocerá el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas a través de procedimientos telemáticos.

Será una fórmula para tener la Administración abierta todos los días del año durante 24 horas al día, y, además, evitar las colas.

El objetivo del Gobierno es, entre otros, combatir la desconfianza que tienen los ciudadanos para realizar trámites por Internet. Para ello, prevé crear la figura del Defensor del Usuario de la Administración Electrónica, que velaría por los derechos de los ciudadanos y atendería sus quejas en esta materia.

La futura ley también contempla "facilitar el acceso de los ciudadanos a la información y al procedimiento, con especial atención a la eliminación de las barreras que limiten dicho acceso" a personas con especiales necesidades, entre ellas mayores o discapacitados.

La norma prevé también el establecimiento de oficinas de atención presencial en las que se preste, de forma gratuita, atención y orientación a los ciudadanos.