La supresión de este monopolio, vigente en España desde 1927, afecta a la importación, distribución y venta de carburantes procedentes de países no pertenecientes a la CE, según explicó al término del Consejo d Ministros el titular de Industria, Claudio Aranzadi.

Cuando entre en vigor la ley, el Gobierno podrá elegir entre fijar unos precios máximos de venta al público, a propuesta del Ministerio de Industria, o dejar libertad a las empresas, cuando las competencia reinante en los mercados así lo aconseje.

El ministro explicó que, hasta que se aplique la ley, los precios de venta al público de las gasolinas y gasóleos de las estaciones de servicio serán únicos en todo el territorio nacional.

Las cmunidades autónomas serán las que otorgarán las autorizaciones de las estaciones de servicio no sometidas al régimen de distancias a nivel estatal, así como las relativas a instalaciones y oleoductos que se quieran construir en su ámbito territorial.

La Administración se reserva las funciones establecidas en la Constitución y aquellas que, por su trascendencia para el conjunto de la política energética nacional o por su repercusión en la configuración del sector energético en su conjunto, requieran un intervención unitaria.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Por otra parte, Campsa mantendrá su nombre, ya que la supresión del monopolio no le obliga a renunciar a él, según explicó Aranzadi. "Todos aquellos aspectos de la empresa que tienen que ver con la subsistencia del monopolio tienen que desaparecer", añadió, "pero ello no implica que la marca tenga que cambiarse".

A la pregunta de si al desaparecer el monopolio, el Gobierno prevé permitir la entrada directa de capital extranjero en Campsa y en la ed logística nacional, señaló que Campsa queda con la estructura accionarial actual, es decir, con una participación minoritaria de pequeños accionistas y una mayoritaria de las refinerías radicadas en España.

También aclaró que no existe ninguna limitación legal a la presencia de accionistas extranjeros, "pero eso deberán decidirlo los propios accionistas de la compañía". No obstante, afirmó que "no me parece previsible que alguno de los accionistas decida deshacerse de sus acciones para vendérselasun competidor extranjero".

Según Aranzadi, "lo que no está previsto es que Repsol disminuya su participación en Campsa. La previsión es que Repsol mantenga su mayoría en Campsa".

AMPLIACION DE LA EMISION

El Consejo de Ministros autorizó también hoy la ampliación de la emisión de bonos del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) canjeables por acciones de Repsol, hasta un importe total máximo de 80.000 millones de pesetas.

El Gobierno había aprobado el pasado día 3 de abril al INH la emiión de bonos al portador canjeables por acciones viejas de Repsol por valor de 25.000 millones ampliables a 50.000 millones.

Según los responsables del Gobierno, el objetivo de esta ampliación es asegurar una base accionarial amplia y estable de la cartera en inversores minoristas.

A juicio del Gobierno, es aconsejable aprobar la solicitud de ampliación del INH, dada la elevada demanda generada por esta emisión, superior a los 78.000 millones de pesetas, con un número de solicitudes presentadas póximo a las 85.000 y con una petición media de 919.780 pesetas.

Aranzadi explicó que este canje, unido a las plusvalías derivadas de la reciente operación de venta de una participación a Pemex (la petrolera mejicana), podría generar unas plusvalías totales para el INH de unos 83.000 millones de pesetas.

Según el ministro, el INH conservará, después de esta operación, la mayoría absoluta de Repsol, aunque no descartó que un futuro inmediato pueda perderla. Recalcó, no obstante, que el INH no necesta tener la mayoría absoluta para detentar el control.