El presidente del CJE, Antoni Such, hizo hoy este anuncio antes de entregar un escrito contra la "ley Corcuera" a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

El Comité Ejecutivo del Consejo de la Juventud ha probado por unanimidad una resolución en la que se denuncia que la ley "tiene como objetivo, y bajo la disculpa de hacer un Estado más seguro, la limitación de las libertades ciudadanas".

"Esta norma", añade el texto, "se configura como un instrumento al servicio de la represión policial, que representa un preocupante retroceso para nuestra democracia".

En opinión del Consejo, la ley, que afecta fundamentalmente a la juventud, "traiciona" el Estado de derecho e "instaura el Estado policial en el ue los principios son la represión y la presunción de culpabilidad".

Según explicó en rueda de prensa Antoni Such, resulta especialmente denunciable el tratamiento que da la ley al drogodependiente, al que considera como un delincuente y no como enfermo, y la visión de las fuerzas de orden público como elementos represivos.

Such afirmó que plantearán especial batalla ante los artículos 20 y 21 de la ley, relativos a la retención policial de los indocumentados y el registro domiciliario sin autoriación judicial.

HACER LA VIDA IMPOSIBLE

Por su parte, el presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular, Tomás Burgos, afirmó hoy que "el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana colocará a los jóvenes españoles en el punto de mira de las fuerzas de seguridad".

"Muchos nos tememos que este proyecto se configura como un instrumento de dudosa legalidad que consagra el retroceso de nuestros derechos y del sistema de libertades con que contamos", agregó.

NNGG, que ha trasladado a l dirección nacional del PP su "rotunda oposición" al proyecto, considera que este proyecto hará la vida imposible a los jóvenes, por ser el segmento de la población más afectado, tanto por su estilo de vida como por sus hábitos.

"Desde una posición de defensa a ultranza de las libertades", agregó Tomás Burgos, "no podemos por menos que ver con preocupación este proyecto, que es oscurantista, confuso y engañoso. Con el pretexto de luchar contra el tráfico de drogas, se nos coloca a todos en una posició de indefensión francamente aberrante".