El caso será juzgado por el Tribunal Militar Territorial con sede en Madrid que se desplazará a la capital balear el próimo jueves. El fiscal auditor del Ejército pide un año de prisión para cada uno de los ocho ex marineros por haber cometido un presunto delito contra la hacienda militar.

Los hechos se remontan al mes de diciembre de l984, cuando el Ejército descubrió que los entonces ocho marineros se apoderaron supuestamente de unos rollos de cable de cobre para venderlos posteriormente a varias chatarrerías de Palma de Mallorca.

Los propietarios de estos establecimientos prestaron declaración y ratificaron quelos inculpados les vendieron el material presuntamente sustraído incluso vestidos con el uniforme de la Armada. Según el testimonio de los chatarreros, alguno de los acusados llegó a obtener más de 5O.000 pesetas por la venta de la mercancía.

Los abogados de los ocho inculpados pedirán el próximo jueves la libre absolución de sus defendidos. Según el letrado de uno de ellos, Rafael Perera "los hechos no están nada claros y algunos principios constitucionales podrían no haberse respetado" arguyó el aboado.

Perera señaló que "ya han pasado nueve años y los ocho marineros están plenamente integrados en la vida civil. Algunos de ellos desempeñan cargos de responsabilidad".