La Ley del Servicio Militar ha causado descontento entre los Consejos de Residentes Españoles (CRE), representados en el Consejo General de la Emigración, ya que, además de no ser consultados cuando se elaboró dicho texto, elimina la exención automática del servicio militar a los residentes españoles en el extranjero que hubieran obtenido tres prórrogas consecutivas, como establecía la anterior ley.

Sin embargo, esa case de prórroga, denominada de cuarta clase, permitía un uso fraudulento, según explicó a Servimedia la diputada socialista Carmen García Bloise, puesto que "dejaba la puerta abierta a que los hijos de personas con recursos se beneficiaran de la exención de la mili y era darles privilegios".

García Bloise, que hizo una pregunata sobre este asunto en el Congreso, se refirió "a los hijos de Julio Iglesias o de Rafael, a los que hemos visto jurar bandera en Miami".

La diputada socialista subrayó queentiende "que los hijos de emigrantes que no deseen hacer la mili tienen que tener automáticamente la prórroga", pero hay que permitirlo de forma que se les proteja y no se convierta en privilegio para otros.

La actual ley establece que vivir fuera de España no es motivo de exención de la mili, aunque permite a los residentes en el extranjero acogerse a las prórrogas previstas, algunas de las cuales, si consiguen varias ampliaciones, les conducen a librarse de la mili.

La propuesta aprobada por l mayoría del Consejo se produjo después de que los 60 representantes que lo integran recibiesen información de las previsiones del reglamento que el Ministerio de Defensa elaborará sobre la ley del servicio militar en lo que afecta a los residentes españoles en el extranjero.

Según esas previsiones, los emigrantes residentes podrán solicitar la exención por cualquiera de las causas previstas.

Así, tendrán la posibilidad de alegar el deber de contribuir al sostenimiento de la familia y, en caso deque alcancen una segunda ampliación de este tipo de prórroga, quedarán exentos de la mili.

Igualmente, podrán argumentar razones de tipo laboral para consolidar su puesto de trabajo, siempre que tengan residencia initerrumpida en el extranjero desde el 1 de enero del año en que cumplieron los 17 años.

Por otro lado, el Consejo General de la Emigración trató de "la urgente necesidad de desarrollar una ley de pensiones no contributivas", ya que en Iberoamérica, según informaron los CRE allí implantdos, hay una numerosa población de emigrantes españoles de la tercera edad "tremendamente desasistidos".

El director general de Migraciones, Raimundo Aragón Bombín, explicó que el próximo año el Gobierno español tiene previsto destinar unos 4.500 millones de pesetas en ayudas de las que se beneficiarían unas 20.000 personas.

Otro de los asuntos debatidos, y contra los que están en desacuerdo la mayoría de los miembros del Consejo, fue el de la modificación que se ha hecho sobre la ley de nacionaldad y que consideran "anticonstitucional", aunque el pronunciamiento del Defensor del Pueblo no lo comparte.

"El malestar dentro de la emigracion", explicó Aragón Bombín, "se refiere a la pérdida de la nacionalidad por parte de los emigrantes o residentes españoles en el exterior que renuncian voluntariamente a la nacionalidad o que durante un período de tres años no hiciesen ningún ejercicio de ella".

Por su parte, Pepe Povedano, representante de uno de los Consejos de Residentes Españoles en Almania, explicó que "esta renuncia no es voluntaria, sino obligatoria puesto que la legislación del país así lo exige" y que sería más beneficioso que España permitiera mantener la doble nacionalidad a sus emigrantes.