Supone el resultado de un trabajo conjunto en el que se ha reflejado y argumentado la “necesaria regulación de la profesión”, en el que quedan reflejadas las áreas de intervención en todas las áreas y contextos.

De esta manera, la organización explicó que el informe pretende complementar las profesiones reguladas, en las que la Educación Social no está reflejada actualmente, “a pesar de que desde 2005 se incluía la Pedagogía Social en las Directivas Europeas”.

En este sentido, las actividades para las que habilita esta profesión son muy variadas y abarcan trabajos en el ámbito penitenciario, en las distintas funciones y competencias recogidas tanto en la Constitución Española como en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y de su Reglamento; o en el ámbito penal en lo concerniente a la protección de menores, víctimas de violencia de género y en el apoyo a personas con discapacidad.

También desempeñan su labor en el Sistema Educativo reglado, donde tienen una gran variedad de funciones educativo-sociales dentro del ámbito del acoso escolar, la integración, la cooperación, el medio ambiente, la participación, el absentismo escolar, la integración o las actividades extraescolares.

Tanto es así, que en algunas comunidades autónomas se ha desarrollado normativa que integra la figura de la educadora social en los Equipos de Orientación y comprometidas en los equipos de prevención de violencia escolar, en escuelas de padres/madres, centros de educación de personas adultas, universidades populares, aulas compensatorias, escuelas-taller, apoyo a personas con alguna discapacidad, programas de iniciación profesional, el apoyo educativo a personas migrantes, la educación ambiental y la educación-promoción del patrimonio-cultural.

“La falta de trasposición de la Ley Ómnibus ha llevado a que no se desarrolle la colegiación obligatoria, por tanto, no se ha incluido a los Colegios en la lista de profesiones reguladas desde su creación en la Directiva Europea 2005/36. La colegiación es necesaria en tanto y cuanto la Educación Social en la sociedad actual es una medida necesaria para su protección y garantía, ya que los servicios que ofrece a sus usuarios y usuarias son de extrema protección por afectar a los derechos constitucionalmente protegidos, como son la vida e integridad física y moral, así como la seguridad jurídica (la Educación social en prisiones y en la justicia juvenil) tal como el orden público, concurriendo de este modo razones imperiosas de interés general”, explicaron desde el Consejo General de Colegios de Educadores Sociales.