Según recoge el Proyecto de Ley sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales que el Gobierno ha remitido a las Cortes, se establece que "como máximo, un tercio del contenido formativo debe realizarse a través de prácticas externas en el ámbito de la Abogacía o de la Procura", para obtener el título correspondiente.

El Consejo de la Abogacía criticó este punto, yexigió al Gobierno que modifique el término de "máximo" por "mínimo" porque si no, con sólo asistir un día a esas prácticas ya se habría cumplido el tiempo que marca la ley.

En cuanto a la prueba de evaluación tras estos cursos de prácticas, el Consejo cree que hay aspectos tanto positivos como negativos que deben ser matizados.

Sin embargo, a pesar de estos aspectos negativos, desde el consejo mostraron su aceptación a esta reforma impulsada por el Gobierno porque "recoge algunas de las aspiraciones que ellos han venido reclamando".

Esta ley vendrá a poner fin a una situación de excepción, ya que España es el único país de Europa que, según el Consejo, no tiene regulado este acceso, adicional y diferente de la formación teórica proporcionada por la Universidad.

Además, el consejo valora esta reforma del Ejecutivo porque dotará de mayor seguridad jurídica a los ciudadanos en el asesoramiento, defensa jurídica y la representación técnica de calidad.