Tras una reunión ordinaria mantenida hoy por el Consejo Fiscal, que preside el propio fiscal general, Leopoldo Torres, y a la que estaba previsto que acudiera el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, que renunció por "cuestiones de agenda", los fiscales redactaron un comunicado reiterando sus peticiones sobre una mayor independencia y autonomía del cuerpo con respcto del ministerio.

"Los problemas existentes no son en modo alguno meros problemas de infraestructura, sino que afectan a la organización y funcionamiento del ministerio fiscal, dificultando el ejercicio de su función constitucional", dice la nota, que lamenta también que "quien tenía la función de trasladar la comunicación al presidente del Gobierno no la observara".

Para el Consejo Fiscal, las cuestiones que se plantean son de tal "trascendencia y gravedad" que estimaron necesario dirigirse a a máxima instancia del Ejecutivo, "a quien corresponde la dirección de la política criminal, así como la dotación de los medios materiales y humanos indispensables para su ejecución".

Los fiscales entienden que los cauces utilizados "son los previstos para las relaciones del ministerio fiscal con los poderes públicos" y, ante la devolución del informe, optaron por remitirlo directamente a la Presidencia del Gobierno y, según declaró ayer en Sevilla Felipe González, el escrito se encuentra sobre la mes de su despacho.

El fiscal general del Estado recordó en la coferencia de prensa ofrecida al término de la reunión, junto a Cándido Conde-Pumpido (teniente fiscal del Tribunal Supremo) y Carlos Jiménez Villarejo (fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña), que "tiene pendiente" una entrevista con González para "cambiar impresiones sobre el contenido del informe y respaldar las necesidades de la fiscalía que en él reivindicamos".

Además de referirse a cuestiones de índole material, como la fala de medios y la insuficiencia de plantilla, los fiscales plantean el respeto a la separación de poderes y subraya que el deber de informar al Gobierno "no presupone subordinación alguna" del ministerio público respecto al Ejecutivo.

El Consejo destaca una falta de coincidencia y aceptación de criterios entre el ministerio y la fiscalía y reclama a los poderes públicos respeto a la "autonomía funcional" del ministerio fiscal, "que pasa por la aceptación global de la actuación de los órganos propios de ministerio fiscal y el otorgamiento de suficiente autonomía presupuestaria" para poder ejercitar programas "que en la actualidad dependen de la benevolencia del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial".

El Consejo Fiscal resalta que los problemas planteados deben ser resueltos de forma "pronta y eficaz" para desarrollar el modelo constitucional del ministerio público, "al servicio y en defensa de los derechos de los ciudadanos, y para dar una respuesta a los problemas de estos.

Así, plantean la elaboracíon de un "libro blanco" sobre necesidades y proyectos de actuación del ministerio fiscal, "que sirva de base para el modelo de institución que se propugna", para cuya elaboración aún no se ha previsto un calendario.

Los fiscales manifiestan que están abiertos al diálogo para resolver de forma racional las cuestiones planteadas y confían "en encontrar igual disposición por parte del Gobierno, superando las dificultades habidas hasta el momento".

Las tensiones produidas entre los fiscales y el Ministerio de Justicia han dado pie a diversos rumores sobre una posible dimisión o cese del fiscal general, punto que de nuevo quiso desmentir hoy Leopoldo Torres, alegando que "es una fabulación de principio a fin".

"Los problemas, que no los conflictos institucionales, y discrepancias las ha habido siempre, y seguirá habiéndolas mientras el contraste de criterios sea útil para llegar a soluciones positivas y prácticas", declaró Torres, que insistió en que mantiene "frecentes y cordiales" converasciones con el ministro.

Señaló que De la Quadra acudirá a la próxima reunión del Consejo de Fiscales, que sigue considerando al Ministerio de Justicia como "interlocutor" en su contacto con el Gobierno, "a efectos de dotación de medios personales y materiales para el trabajo diario de los fiscales, y no se me ocurre además ninguna otra alternativa".

Por otra parte, el Consejo Fiscal eligió hoy por 9 votos a favor, 2 en contra y la reserva de voto del fiscal general, a Erique Abad como nuevo fiscal antidroga, tras la dimisión de Julio Aparicio Calvo.

Abad, que pujaba por el cargo con el fiscal del Tribunal Supremo Juan José Martín Casallo, ya desempeñó estas funciones cuando todavía no se contemplaba la figura del fiscal antidroga.