Según él, el Ejecutivo está tratando de imponer en el Consejo el sistema acordado con CiU. A las autonomías que no acepte se les sugerirá que se les seguirá aplicando el viejo modelo de financiación, con lo que se fuerza la negociación bilateral. "Esto debilita la figura del Consejo, es un funcionamiento trucado", dijo.

Ríos calculó que, con el nuevo sistema, el volumen de recursos transferidos por la Administración central a las autonomías oscilará entre los 100.000 y los 200.000 millones de pesetas. "Lógicamente el Estado debería desprenderse de competencias en un porcentaje similar, si no quiere echar mano del défici público", señaló.

El diputado de IU expresó sus temores de que el nuevo modelo entrañe la posibilidad de que las comunidades compitan fiscalmente de forma desleal, para atraer las inversiones hacia su territorio. Sugirió la conveniencia de que se fijen topes mínimos en la cesión del 30% del IRPF mediante una ley genérica, y de que se cree un fondo de nivelación para las autonomías que puedan salir más desfavorecidas.