En un comunicado, los farmacéuticos afirman no entender que una institución nazca con el único objetivo de liberalizar la farmacia, a no ser que mantenga intereses "ocultos". Consideran que se ataca al modelo de Farmacia español, "que constituye uno de los mejores modelos del mundo", y que sólo generan un 1% de las reclamaciones que reciben las organizaciones de consumidores.

Afirman que el modelo de farmacia español está planificado por el Estado, no por los farmacéuticos, en beneficio del ciudadano y no de estos profesionales, sobre la base de un acceso al medicamento universal e inmediato (el 98% de la población dispone de una farmacia en su lugar de residencia y eiste una en municipios de 200 a 300 habitantes).

Recuerdan que en países como EE.UU., donde todo está liberalizado, se produce una tendencia a la concentración de servicios. "Utilizar el concepto de monopolio es el tópico empleado habitualmente por quienes desde posiciones interesadas, quieren destruir el modelo farmacéutico", añade.

A juicio del Consejo, es "malintencionado" mezclar bonificaciones con incentivos y primas, porque el PVP del medicamento es fijo, no se modifica por el farmacéuticocon ello no se induce un mayor consumo.

Además, tacha de "perverso e interesado" tratar de confundir al usuario en la sustitución de medicamentos, a lo que obliga el Sistema Nacional de Salud del fármaco previsto, en el marco de la normativa sobre precios de referencia.

El consejo insiste en que un Instituto que, según declaración expresa de los convocantes reúne a veinte afiliados, "con opiniones tan encrespadas contra un sector tan respetable, como el farmacéutico, se califica por sí solo", cocluye la nota.